En el presente artículo Sustrai Erakuntza denuncia que el Gobierno de Navarra incumple la legalidad vigente en muchas de sus actuaciones relacionadas con el entorno. Así, se pueden citar la ejecución de las obras del TAV sin Declaración de Impacto Ambiental vigente, el negar el acceso a la información y a la participación pública sobre el TAV, y el mantener las centrales térmicas de Castejón en la más absoluta ilegalidad. Pero antes, os dejamos con una entrevista a nuestro compañero Pablo realizada por la Cadena Ser. (Archivos de audio alojados en archive.org):
La Fundación Sustrai Erakuntza quiere hacer público lo que en otras latitudes con cierta cultura democrática significaría un escándalo político de máximo orden.
Como es conocido por buena parte de la sociedad navarra, con el paso del tiempo el actual Gobierno de Navarra tristemente está acumulando diversas actuaciones que incumplen la legalidad vigente, como son la ejecución material de las obras del TAV-TAP sin Declaración de Impacto Ambiental vigente, el negar el acceso a la información y a la participación pública con el tema igualmente del TAV-TAP, y el mantener las centrales térmicas de Castejón en la más absoluta ilegalidad.
Llega el momento de poner de manifiesto públicamente que además de ser responsables conscientes de estos incumplimientos, están siendo responsables conscientes de algo que todavía empeora su posición ante la sociedad. Una vez que los diferentes Tribunales de Justicia han resuelto estos incumplimientos mediante sentencias judiciales, el Gobierno de Navarra no está cumpliendo o haciendo cumplir dichas sentencias judiciales. Es decir, ya no solamente incumple la legislación vigente en diversas materias, sino que deliberadamente ignora el cumplimiento de las sentencias que están dictando los Tribunales de Justicia. Si no se cumple una sentencia judicial y no pasa nada, ¿para que sirve entonces el sistema y el poder judicial?
Para muestra presentamos dos flagrantes ejemplos que deberían avergonzar la actuación del Gobierno de Navarra:
Acceso a la información en el proyecto del TAV-TAP:
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), con fecha 22 de noviembre del 2013 dictó sentencia (archivo pdf, 174 Kb) a un recurso interpuesto por la Fundación Sustrai Erakuntza, dando la razón a Sustrai y declarando de forma manifiesta “la inactividad de la Administración” en la solicitud de información medioambiental sobre el proyecto del Tren de Alta Velocidad. El Tribunal puso de manifiesto, que el Gobierno de Navarra había incumplido la legislación al no permitir acceder a la información solicitada en su día por Sustrai e impedir el derecho a la participación pública en el proyecto del Tren de Alta Velocidad que tenía y tiene cualquier navarro o navarra. La Sentencia decía literalmente que el Gobierno de Navarra “ha infringido notoriamente el contenido de la Ley 27/2006”, “la inactividad de la Administración es y ha sido palpable y evidente”.
La citada sentencia Nº 996/2013 declaraba el derecho que asiste, en este caso a Sustrai, a disponer de TODA la información que el Gobierno de Navarra disponga en materia medioambiental sobre el proyecto del Tren de Alta Velocidad y se señalaba un mes de plazo para que esto sea así dispuesto”. El mes ya se ha cumplido.
Anteriormente el Defensor del Pueblo-Ararteko ya dio la razón a Sustrai en dos ocasiones. Ahora el TSJN después de más de tres años, da la razón a Sustrai. La sentencia condena al Gobierno de Navarra a entregar la información en el plazo de un mes y el Gobierno de Navarra ni recurre la sentencia, ni entrega la información, ni pide disculpas, ni justifica su inactividad, ni se pone en contacto con Sustrai. Simple y llanamente el Gobierno de Navarra ignora la sentencia del TSJN y no la cumple como le obliga el Tribunal.
Central térmica de la empresa Elerebro-Hidrocantábrico en Castejón (Navarra):
Los Tribunales han dictado en repetidas ocasiones sentencias anulando tanto el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal realizado por el Gobierno de Navarra como la Autorización Ambiental Integrada. En todos los casos, la Administración, en clara connivencia con la empresa ELEREBRO, se ha dedicado a malgastar y derrochar el dinero público de tod@s l@s ciudadan@s.
Se ha dedicado a interponer recursos de los que sólo se beneficiaba directamente la empresa privada, en detrimento de los derechos ciudadan@s. Su única intención era ganar tiempo, cambiar las leyes que habían incumplido y que dejaban la central térmica en una situación ilegal, y acto seguido volver a aprobar los actos administrativos anulados por los tribunales de justicia, con los mismos contenidos que tenían antes del juicio. Es decir, como las sentencias dicen que la central es ilegal debido a que está demasiado cerca del núcleo urbano y “la actividad de una Central Térmica de ciclo combinado de una gran potencia, como lo son los 400 MW, es una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa”, cambiamos las leyes para que la distancia sea legal.
La semana pasada se nos ha comunicado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (ver comunicación, archivo pdf, 120 Kb), que las sentencias son inejecutables y por lo tanto nuestro derecho a la Tutela Judicial Efectiva, incluso en este caso en el que hay sentencias del Tribunal Supremo a nuestro favor, queda absolutamente en nada. Y con ello la larga lucha judicial mantenida en defensa de la salud de las personas y el medio ambiente. Es decir el Gobierno de Navarra ha estado gastando dinero público para no cumplir las diversas sentencias existentes, llevando el caso a un callejón sin salida.
El posible recurso a esto, ahora quedará impedido por las Tasas Judiciales aprobadas por el Ministro Gallardón, cuyo objetivo consiste en hacer económicamente imposible, inaccesible el recurso a la justicia, al que acude Sustrai Erakuntza para defender la salud de las personas y el medio ambiente. Con esto, evidentemente no se cumple la sentencia, y suponemos que el Gobierno de Navarra ve así cumplido su objetivo. Una vez más los intereses privados de unos pocos prevalecen sobre el interés general de Navarra. Una vez más el Gobierno de Navarra hace lo posible para no cumplir una sentencia judicial.
Consecuencias de todo esto:
Después de exponer brevemente estos dos ejemplos, se puede afirmar que la situación es surrealista, la fundación Sustrai Erakuntza trata de exigir que se cumpla la legislación vigente en materias medioambientales y de derechos humanos existentes a nivel de Navarra, Estado y Europa. El Gobierno de Navarra incumple primero la legislación y luego incumple las sentencias judiciales. ¿Qué opinaría y cómo actuaría el Gobierno de Navarra si un/una ciudadan@ incumple una sentencia judicial?
Un Gobierno que dice representar a una sociedad, debiera dar el mejor de los posibles ejemplos ante el pueblo que lo ha elegido en las urnas. No cumplir las sentencias judiciales porque no le han dado la razón, escondiéndose en el poder, en la fuerza del dinero es una de las mayores vergüenzas que puede mostrar ante la sociedad. No cumplir las leyes de las que la propia Administración se ha dotado y no cumplir las sentencias judiciales son un ejemplo bochornoso hacia la sociedad que dicen representar.
Pedir que alguien asuma su responsabilidad política en cuanto a las actuaciones denunciadas aparece a todas luces inútil (lo hemos pedido en múltiples ocasiones). Si un Gobierno ignora el sistema judicial cuando las sentencias no le son favorables, ¿para que exigir que alguien asuma la responsabilidad política si aparentemente no tiene ninguna responsabilidad legal o ética?.
En Navarra, a 27 de febrero de 2014.
Fundación Sustrai Erakuntza
Páginas Web: http://www.fundacionsustrai.org/ y http://www.sustraierakuntza.org/.
Correo electrónico: sustrai@fundacionsustrai.org.