Presentamos un artículo de opinión escrito por Raúl Lana Ortigosa, de la Asociación Salvemos el Ega, asociación a la que Sustrai Erakuntza presta apoyo técnico y jurídico. En él se relatan las dificultades que tienen para obtener información de carácter medioambiental desde el ente público Mancomunidad de Montejurra. Este artículo ha tenido una rápida respuesta del presidente de esta mancomunidad, que pone en duda la legalidad de entregar los datos pedidos a la asociación, y carga la responsabilidad de los daños al Rio Ega en los regadíos de Valdega. A continuación el artículo de opinión completo…
La Asociación Salvemos el Ega no ceja en su esfuerzo por recabar información pública respecto al uso del agua y que, en este caso, obra en poder de la Mancomunidad de Montejurra. Si bien, tenemos la sensación de que chocamos con un muro opaco en vez de con un ente público que debería dar un servicio con carácter de excelencia a todos los ciudadanos.
Por otras experiencias sabemos que la obtención de datos referidos a la demanda de agua es una tarea complicada, como consecuencia de la ausencia de datos públicos, cuando no ocultamiento con los que se aplican buena parte de las administraciones en relación con el suministro, tratamiento o consumo del líquido e imprescindible elemento.
La realidad es que estamos descubriendo lo tristemente cierto de estas observaciones.
Con fecha 10 de febrero de 2014 Salvemos el Ega solicitó a la Mancomunidad de Montejurra mediante procedimiento legal los caudales extraídos durante los últimos 15 años del acuífero de Lokiz a través de los pozos de extracción P2, P3 y manantial de Itxako. Asimismo, también solicitó las medidas que se han tomado por parte de la Mancomunidad para evitar la afección al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES2200024, denominado Ríos Ega-Urederra, comprendido dentro de este sistema hidrológico en concreto, y si existe algún estudio, plan o proyecto que determine las afecciones que la extracción pueda estar produciendo en el mismo.
A la luz de la ley 27/2006 del 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente ya deberíamos haber recibido contestación. En su artículo 3 esta ley indica como derechos: el acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, a ser asistidos en la búsqueda de información, a recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, y a recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el art. 10. Hay que decir que en ningún caso se establece un periodo sin comunicación alguna de más de 1 o 2 meses. La lamentable realidad es que a día de hoy 30/8/2014 no hemos tenido ninguna respuesta y ya han pasado más de 6 meses.
Es debido a esta situación de impotencia por lo que denunciamos públicamente el caso omiso e incumplimiento de la legalidad que está realizando la Mancomunidad para con la asociación Salvemos el Ega. Nuestra intención es simplemente salvaguardar el río y por ello queremos tener acceso a estos datos, puesto que a la luz de la información estudiada y de la que tenemos en transcurso de realización no nos cabe duda de que las extracciones afectan a los manantiales de Ancín y al río Ega. Recordamos que la Constitución Española de 1978 indica en su artículo 45 punto 1 que “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.
A día de hoy, la actividad de investigación y control que realiza la asociación Salvemos el Ega se encuentra estancada en la obtención de los datos de las extracciones llevadas a cabo por la Mancomunidad de Montejurra y desconocemos si no se nos quieren facilitar o simplemente la Mancomunidad no dispone de ellos.
Este organismo indica en su página web como objetivo en el apartado de comunicación “Que los ciudadanos conozcan bien a Mancomunidad de Montejurra y sepan de su cercanía es el objetivo primordial del plan integral de comunicación que la entidad ha puesto en marcha”. Por lo que solicitamos públicamente que haga honor a lo dicho y destierre las incertidumbres respecto a la ausencia u ocultamiento de datos importantes para una adecuada conservación del medio ambiente.