A                                                                           (1)

El Sr/Sra.                                                          (2), con D.N.I.                              (3) en su nombre y en representación de                        (4); con domicilio en                                                                                                   							 (5) y correo electrónico                             (6) (ambos a efectos de notificación); ante 						(1) se dirige y, como mejor en derecho proceda, DICE:

Que por medio del presente escrito se presenta SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL cuyo contenido se explicita en el cuerpo de este escrito, con base en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.-	El solicitante comparece ante la entidad con el fin de acceder al contenido de la información medioambiental de la manera más amplia posible que obre en poder de la institución relacionada con cualquier trámite administrativo, consulta previa o documentación en general relacionada con el proyecto del que se da cuenta en el cuerpo de este escrito, y cuyo desarrollo es susceptible de generar impacto ambiental.

SEGUNDA.-	Esta solicitud se basa en la legislación general aplicable a la obtención de información medioambiental. 

Debemos comenzar por la mención a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, que a su vez desarrollan el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998, más conocido como Convenio de Aarhus.

En la exposición de motivos de dicha ley se establece literalmente que:
“El art. 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de preservar y respetar ese mismo medio ambiente. Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea de protección de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy especial significación la participación en el proceso de toma de decisiones públicas. Pues la participación, que con carácter general consagra el art. 9.2 de la Constitución, y para el ámbito administrativo el art. 105, garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos.”

Se resalta pues en una sociedad democrática el derecho de participación y de obtención de información en materia medioambiental, correlativamente a la obligación de las administraciones públicas de prestar tales servicios, lo cual sirve como elemento interpretativo al articulado de esta Ley y a las actuaciones de los poderes públicos.

Se sigue así en la exposición de motivos que la legislación “parte del siguiente postulado: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus:
•	El pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa.
•	El pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones, que se extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario.
•	El tercer y último pilar del Convenio de Aarhus está constituido por el derecho de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. Se pretende así asegurar y fortalecer, a través de la garantía que dispensa la tutela judicial, la efectividad de los derechos que el Convenio de Aarhus reconoce a todos y, por ende, la propia ejecución del Convenio”. 

Así, en el artículo primero se establece que 

1. Esta Ley tiene por objeto regular los siguientes derechos:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre.
b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.
c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental
2. Esta ley garantiza igualmente la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplia posible.

TERCERA.-	En cuanto a la legitimación activa, esta se otorga en el artículo 2 al “público”, entendido como cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación, añadiendo asimismo que concurren con el carácter de interesados toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo que hay que interpretar de manera extensiva dado que el medio ambiente es cosa que afecta a los intereses legítimos de cualquier persona. Asimismo la Ley 27/2006 define como solicitante a cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos, que solicite información ambiental, requisito suficiente para adquirir la condición de interesado.

Por su parte, la ley define como información que obra en poder de las autoridades públicas la información ambiental que dichas autoridades posean y haya sido recibida o elaborada por ellas.

CUARTA.-	El art. 3 de la Ley 27/2006 establece una serie de derechos en materia medioambiental que en relación con el acceso a la información se concretan en la posibilidad de:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.
b) A ser informados de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorados para su correcto ejercicio.
c) A ser asistidos en su búsqueda de información.
d) A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el art. 10.
e) A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en el art. 11.
f) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formato solicitados.
g) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.

QUINTA.-	El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA ya ha sentado jurisprudencia al respecto, en la sentencia Nº 996/2013. Tras la petición del demandante de información ambiental de una obra pública, y ante el silencio de la administración, el Tribunal reconoce la inactividad de la administración en la solicitud de puesta a disposición del demandante de información medioambiental, y “declara el derecho que asiste al actor a que le sea puesta a su disposición toda la información que en materia medioambiental sobre la instalación del Tren de Alta Velocidad disponga el Gobierno de Navarra, con estricto ajuste a la Ley 27/2006 de 18 de julio”.

En su virtud,

SOLICITA A                                                                (1) que tenga por presentada esta SOLICITUD para poner a disposición del peticionario TODA LA INFORMACIÓN DE CONTENIDO MEDIOAMBIENTAL DE QUE DISPONGA SOBRE EL PROYECTO DE 																			        (7) (a ser posible en formato                                 (8)), a efectos de que pueda ejercer su derecho de acceso a la información en los términos de la Ley, por ser justicia que se pide 

en Navarra, a                                      (9).

Fdo.                                          (2)

Notas sobre los campos a rellenar:
(1): Nombre de la entidad o Institución a la que se dirige la petición.
(2): Nombre completo del demandante.
(3): DNI del demandante.
(4): Nombre completo de la asociación a la que representa (cuando corresponda, si no corresponde dejar en blanco).
(5): Domicilio completo del demandante, donde recibirá la información (en su caso).
(6): Correo electrónico del demandante, donde recibirá la información (en su caso).
(7): Proyecto sobre el que se pide la información ambiental, definido con la mayor precisión posible.
(8): Informático / papel (indica si se prefiere que la documentación sea enviada al correo electrónico en formato informático, o al domicilio en formato papel).
(9): Fecha en la que se realiza la demanda.